República de Colombia
Corte Constitucional
Presidencia
Oficina de Comunicaciones
Boletín de noticias 8 de febrero de 2012
EL TIEMPO
'GIORGIO SALE NO ME PUEDE IMPLICAR EN NADA ILEGAL': ALFREDO ESCOBAR
El ex magistrado aseguró que "no le teme" a lo que pueda decir el narcoempresario.
El exmagistrado José Alfredo Escobar, quien fue uno de los más polémicos miembros del Consejo Superior de la Judicatura, asegura que la reciente captura del narcoempresario Giorgio Sale será una oportunidad para limpiar su nombre. (Lea también: Giorgio Sale dijo que Mancuso 'era uno de sus mejores clientes)
¿Qué piensa de la captura de Giorgio Sale?
No le temo a lo que diga. Al contrario, quizás esto sirva para que de una vez por todas se diga la verdad y no queden más dudas sobre mi actuación y la de otros magistrados de las altas cortes. Yo no fui su único amigo.
Sale conoció, que yo sepa, a varios magistrados de la Corte Suprema, en una relación de simple amistad. Que se sepa si hubo o no filtración del narcotráfico o del paramilitarismo en las cortes y, de ser así, quién la patrocinó, quién la promovió, hasta dónde llegó.
¿Su relación con Sale puede afectarlo?
Sale se hizo amigo mío y de mi familia, pero de allí no se puede inferir mi participación en sus presuntas actividades delictivas. Él nunca me solicitó ningún favor o servicio de ninguna clase ante alguna dependencia de la administración de justicia.
¿Supo de sus actividades?
No tuve ningún conocimiento directo ni indirecto, ni remoto ni por terceras personas de las actividades de Giorgio Sale. Yo pedí que la Comisión de Investigación, mi juez natural, adelante la investigación correspondiente. Como era presidente del Consejo de la Judicatura, para no comprometer la institución me separé transitoriamente de esas funciones, pero eso no implicaba me que retirara de la magistratura porque no había cometido ninguna falta.
¿Cómo fue el episodio de los botines que recibió de Sale?
A raíz de un viaje que Sale hizo a Italia, y que coincidió con un cumpleaños mío, él me obsequió un par de zapatos y eso yo lo recibí obviamente como se recibe un regalo de cualquier amigo: sin que me comprometiera tampoco desde el punto de vista de mi función. Él no me dijo, le regalo estos zapatos para que usted me haga un favor, y obviamente yo tampoco se lo hubiera aceptado en una circunstancia de esas, simplemente se trató de un regalo común y corriente que hace un amigo a otro.
¿Qué dice de otros escándalos que rodearon su paso por la Judicatura, como el nombramiento de su hermana por uno de sus colegas?
Si ella (Marina Escobar) hubiera preguntado, le hubiera dicho que no aceptara el cargo, porque realmente creo que estaba en mejores condiciones en la Presidencia (donde laboraba antes). Pero no me pidió ningún consejo, yo no participé en eso. Así que habrá que preguntarle a la doctora Julia Ema Garzón qué la motivó a nombrarla.
¿No fue una contraprestación por el nombramiento que hizo usted de una sobrina de la magistrada Garzón?
Yo designé a esa persona, pero no se puede entender esto como un favor a cambio del nombramiento que la doctora Julia Ema Garzón hizo de mi hermana. Lo que hice fue designar a la doctora Liliana Jaramillo, que en efecto tiene un parentesco con la magistrada Julia Ema Garzón, por sus méritos y sus ejecutorias.
Muchos dicen que esto puede no ser ilegal, pero que no es ético. ¿Qué les responde?
Podía ser éticamente censurable si en efecto existiera un ‘yo hago para que tú hagas’; ‘tú nombras a mi hermana y yo te nombro a tu sobrina’, pero eso no ocurrió. El Consejo Superior de la Judicatura es un organismo complejo. La Sala Disciplinaria no tiene ninguna relación con la Administrativa; una y otra son totalmente autónomas. Allí no hay conflicto de intereses.
¿Por qué entuteló a la prensa?
Los periodistas tampoco se puede erigir en los dueños de la verdad absoluta, establecer deducciones que no tienen soporte probatorio ninguno, no pueden impartir honores, deshonores, juzgar sin tener los elementos de juicio sin ninguna clase de función jurisdiccional, esto es una función que le corresponde a jueces y sólo los jueces pueden decir quien es inocente y quien es responsable en alguna situación determinada.
¿Qué dice a quienes señalan que hubo presiones a los jueces para que fallaran a su favor?
Fíjese esa es la tergiversación y la confusión que se crea ante la opinión pública. Yo no soy ni fui jamás jefe de los jueces, ni superior de los jueces. No tengo ni tuve ninguna injerencia como magistrado en la designación de los jueces, luego mal se podría decir que yo fui el jefe e los jueces o que los jueces me debían alguna subordinación o algún acatamiento a mi persona. Actué como cualquier ciudadano colombiano accionando una tutela o una querella penal y los jueces con plena autonomía e independencia tomaron esas decisiones.
¿Por qué la Contraloría lo incluyó en las investigaciones por nombramientos de magistrados que se pensionaron a los pocos meses?
Lo que creo es que hubo una investigación muy superficial poco seria por parte de la Contraloría. En mi caso concreto mencionan que yo pensioné dentro de ese carrusel a tres personas y les digo hoy, con la tranquilidad de conciencia absoluta, de que estos tres señores no se han jubilado, son personas jóvenes que no acceden a ningún régimen de transición y que por la simple edad se sabe que no podían obtener su pensión.
Me llama la atención que la Contraloría solo se enfoque en el Consejo Superior de la Judicatura. Es bueno también que la Contraloría tome todo lo que está sucediendo en la administración pública en materia de pensiones, que mire haber que está pasando en la Rama Ejecutiva, en la Fiscalía y en la Procuraduría y en otras cortes porque no se entiende porque de una forma aislada se mire lo que pasa en esa entidad sin ver lo que ocurre en todo el contexto de la administración pública.
¿Esta es una práctica habitual en las cortes?
Sí. Es que el problema realmente es de estructura y de una legislación que establece unos regímenes excepcionales y como consecuencia de ello puede ser legitimo que una persona que lleva 20 años trabajando en la administración pública vía la provisionalidad del cargo sea liquidado de esa forma.
¿En qué casos?
En el 2003 nosotros expedimos una circular llamando la atención de la Corte Suprema de Justicia para que no siguieran designando como magistrados de tribunal a personas que estaban cerca a la pensión y desde esa época ese tribunal no designa en provisionalidad a ningún un funcionario que este cerca a la pensión. La judicatura no había presentado problema hasta ahora en esa materia. Como política, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura no designaba a nadie que este próximo a la pensión en un cargo superior.
¿Qué irregularidades encontró la Judicatura para derogar los nombramientos que hizo antes de dejar la judicatura?
No entiendo, la verdad habría que preguntarle a quien ejerció en ese momento la presencia de la sala administrativa en encargo, el magistrado Néstor Raúl Correa que hoy es el presidente de la Sala Administrativa en propiedad. Cuando esos acuerdos se suscribieron se hicieron con fundamento, en acta de la sala administrativa donde todos los magistrados incluyéndolo a él, aprobaron esa gestión y sencillamente como presidente suscribí los acuerdos correspondientes.
Así que yo no se si habrá dificultades entre la sala administrativa y disciplinaria por problema mas de orden político que técnico que pudo haber llevado al doctor Correa a derogar esas medidas creando obviamente una situación de mala imagen de la corporación ante la opinión publica.
PRESO QUE SE PORTE BIEN PASARÍA MÁS TIEMPO FUERA QUE DENTRO
Ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, dijo que habría nuevos criterios para ubicar internos.
Esguerra anunció que el próximo 16 de marzo el Gobierno llevará al Congreso un nuevo proyecto de Código Penitenciario, el cual establecerá categorías sobre las personas que están privadas de la libertad."Hemos querido introducirle cambios significativos que llevarán a que se presente un nuevo proyecto al que ya se había presentado ante el Congreso. Hemos trabajado hace varios meses; un consejo de expertos nos ha estado asesorando y lo llevaremos al Congreso", indicó.
Según el Ministro, las categorías determinarán la forma en que las personas estarán privadas de la libertad: "Hay una categoría abierta, semiabierta y cerrada. Es decir, que dependiendo del comportamiento, las conductas delictivas y las características del delincuente que esté privado de la libertad pueda tener unas condiciones más o menos favorables. Incluso, pensamos que puede ocurrir que la persona pase más tiempo por fuera de la cárcel que adentro de la cárcel, si su conducta ha determinado que merece ese tipo de tratamiento", indicó.
El Ministro también anunció que se tendrán en cuenta "nuevos criterios" para ubicar a los internos en los diferentes penales dependiendo de la peligrosidad, sexo y si es condenado o sindicado.
"Esto es una reorganización del sistema penitenciario. Y los correctivos se tomarán no solo para los internos sino para los guardianes que incurran en faltas", indicó.
EDITORIAL: EL PORTAZO DE LAS CORTES
Es momento de aceptar el escenario de una aprobación sin la "concertación con las cortes".
En uno de los pasajes más comentados de su discurso de posesión como presidente de la República, Juan Manuel Santos invitó a los altos tribunales a trabajar en armonía y confirmó el restablecimiento del Ministerio de Justicia.
Sus propuestas incluyeron, además, un cambio profundo en esa rama. "Concertaremos con las cortes, y luego impulsaremos en el Congreso, una reforma de la justicia que afirme la fe de los colombianos en su sistema judicial", declaró el mandatario. No obstante, año y medio después, las probabilidades de aprobar el acto legislativo con el apoyo de las máximas autoridades judiciales son hoy escasas.
En su accidentado camino por el Parlamento, el proyecto perdió no solo algunas de sus propuestas más audaces, sino también el acompañamiento de los magistrados. A finales del año pasado, tanto el Consejo de Estado como la Corte Suprema se apartaron de la mesa de diálogo con el Gobierno. La Casa de Nariño se aproxima a la segunda vuelta de la iniciativa con un texto transformado por los congresistas y sin la bendición de sus beneficiarios en el Poder Judicial.
La situación se ha agravado con el reciente fallo del Tribunal Superior de Bogotá sobre los desaparecidos de la toma guerrillera del Palacio de Justicia. La sentencia le pidió a la Corte Penal Internacional revisar la actuación del expresidente Belisario Betancur y ordenó al Ejército pedir perdón por su reacción ante la incursión del M-19. El presidente Santos calificó la decisión como sin "sentido jurídico ni de ninguna naturaleza" y ofreció disculpas tanto al exmandatario como a los militares.
Las cabezas de la Rama Judicial rechazaron las declaraciones del jefe del Ejecutivo. Por ejemplo, el nuevo presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, criticó al mandatario por estimular "a que la sociedad se insubordine a la Justicia" y calificó sus comentarios de "reprobables". Así, a las diferencias conceptuales de las altas cortes con el texto de la reforma se ha sumado en la última semana una agitada guerra de micrófonos a raíz del caso Plazas. Otra vez se avizora un 'choque de trenes'.
Hasta principios de esta semana, el vocero del Gobierno, el ministro Juan Carlos Esguerra, continuaba extendiendo la mano a los magistrados para que se reintegraran formalmente al debate en el Capitolio. Esa puerta para el diálogo fue cerrada ayer por el magistrado Gustavo Gómez, presidente del Consejo de Estado. Así queda claro que en este pulso entre poderes públicos ha habido todo, menos el trabajo en "completa armonía" que mencionó Santos en su posesión.
Sin la participación de los máximos juristas del país, el acto legislativo sufre el inmenso riesgo de terminar sirviendo a los intereses de los congresistas para reproducir esquemas de clientelismo y favores con las cortes, en especial con el Consejo Superior de la Judicatura, lo cual dejaría las cosas peor que ahora.
La responsabilidad de esta desconexión entre los poderes públicos no reposa en los hombros de la Casa de Nariño, cuyos esfuerzos por mantener abiertos los canales han sido públicos y permanentes. A los magistrados de las altas cortes les corresponde darle la cara al país y explicar su negativa a tratar de cambiar el statu quo de una administración de Justicia lenta, ineficiente y lejana al ciudadano.
A partir de marzo próximo, el Gobierno tiene la oportunidad y la responsabilidad de mejorar el proyecto de reforma judicial para limpiarlo de las concesiones hechas y así recuperar su fortaleza y audacia iniciales. Es momento de aceptar el escenario de una aprobación sin la "concertación con las cortes". Ellas mismas, no hay que olvidarlo, decidieron dar el portazo.
EL HOLOCAUSTO DE LA JUSTICIA
Por: Alfonso Gómez Méndez
No se permitió a tiempo esclarecer los hechos, disponiendo que sobre la base de toda la verdad se amnistiara por igual a quienes atacaron al Estado y a quienes se excedieran en su defensa.
Solo estamos admitiendo la verdad a medias.
En actitud típicamente colombiana, muchos han descalificado el fallo del Tribunal de Bogotá sobre el coronel Alfonso Plazas sin haberlo leído y sin conocer, ni histórica ni jurídicamente, la complejidad de hechos considerados como los más graves en el siglo XX junto con el 'Bogotazo'.
Anticipando que como congresista y como procurador fijé posiciones sobre la actuación de la guerrilla y de la Fuerza Pública en el holocausto, trataré de resumir los aspectos que se han dejado de lado, o interpretado mal.
1. La sentencia contra el coronel Plazas no está ejecutoriada y por tanto él está amparado, hasta cuando la Corte Suprema decida, por la presunción de inocencia. Por eso, tampoco podrían cumplirse ahora los puntos del fallo relativos al expresidente Betancur y al perdón a las víctimas.
2. La condena solo se fundamenta en la comisión del delito de desaparición de personas, por fuera de la retoma misma.
3. No es tan cierto que fuera obligación del Estado no negociar en un caso de toma de rehenes por parte de grupos armados; se hizo antes y después del Palacio de Justicia: en 1970, Carlos Lleras ordenó despejar una zona de Caldas para permitir que la familia de Fernando Londoño negociara con sus secuestradores.
Durante la toma de la embajada dominicana, en 1980, Turbay Ayala impidió un baño de sangre al negociar con los guerrilleros del M-19, facilitándoles su salida hacia Cuba.
Se volvió a negociar con el M-19 después del holocausto para facilitar la liberación de Álvaro Gómez, quien por cierto terminó compartiendo la presidencia de la Constituyente con su secuestrador.
Ahora, muchísimos colombianos somos partidarios de un acuerdo humanitario para permitir que regresen vivos los secuestrados por las Farc.
4. En la pesadilla del Palacio, siempre fue claro que más allá de la recuperación ocurrieron hechos delictivos atribuibles a la Fuerza Pública.
Al respecto, el Tribunal creado por Belisario Betancur estableció que fue inexplicable el retiro de la seguridad justo el día de los hechos; que hubo exceso de fuerza y que de personas que salieron vivas no se supo nada más.
El mismo expresidente, en 1986, declaró que si bien la noche de los hechos asumió toda la responsabilidad, después se enteró de la existencia de desaparecidos.
Sin protesta alguna, en múltiples fallos el Consejo de Estado ha condenado a la Nación por tales desapariciones y por exceso de fuerza.
5. En libro, Germán Castro muestra con testimonios cómo el Jefe del Estado no conoció al detalle el desarrollo del operativo. Lo mismo dice el exministro Enrique Parejo.
6. Irrita, con razón aparente, a vastos sectores ciudadanos que mientras a los guerrilleros se les amnistió, los militares se vean sometidos a penas de cárcel. Ello obedece a que el Congreso, prematuramente, concedió esa amnistía, también con beneplácito casi general.
Por cierto, cuando una juez quiso desconocer la primera amnistía, porque los guerrilleros habían cometido actos de terrorismo para los cuales no existía tal figura, el 20 de mayo de 1992 el senador Álvaro Uribe Vélez presentó una proposición que disponía el perdón para todos los desafueros de la guerrilla en el Palacio. Y se les dio una segunda amnistía para evitar su captura.
Lo que hoy vemos obedece a que no se permitió a tiempo esclarecer los hechos, disponiendo, según lo propuse como procurador en 1990, que sobre la base de toda la verdad se amnistiara por igual -como lo hizo Rojas Pinilla en 1953- a quienes atacaron al Estado y a quienes se excedieran en su defensa.
Así que, por lo visto, en unos años enfrentaremos idéntico debate con el paramilitarismo, ya que solo estamos admitiendo la verdad a medias.
LA VENGANZA DEL M-19
Por:José Obdulio Gaviria
¿Qué hacer contra el triunfante designio vengativo del M-19, materializado en la sentencia contra el Ejército -encarnado en el coronel Plazas- y contra el gobierno de Belisario?
El problema del M-19 es que la sociedad los perdonó pero ellos nunca se arrepintieron.
El criminal asalto al Palacio de Justicia, su ideación, preparativos, y la acción misma, involucró a todo el M-19. Nadie fue ajeno al acto terrorista; ninguno podrá decir que nada sabía. Para ellos, los atacantes del Palacio son héroes a quienes envidian por haber alcanzado la palma del martirio; cantan loas a su valentía, enaltecen su memoria.
¿Por qué lo afirmo? Ellos mismos lo dijeron, altaneros, en declaración del 11 de noviembre de 1985, cuando aún no se apagaban las llamas infames que encendieron con su fanatismo: "Llegamos ante la Corte Suprema de Justicia para presentar las demandas de una nación que se desangra y se asfixia". En ese documento, el M-19 describió la batalla por el Palacio con tal detalle, que nadie puede dudar que también actuaba en la retaguardia: "Nuestra defensa estaba organizada con base en el enfrentamiento militar y no en la toma de rehenes (...) De parte nuestra, nunca hubo ultimátum ni amenazas al Gobierno ni a las personas retenidas (¡!)". Sus expresiones son soberbias: "En ningún momento planteamos la disposición a la rendición humillante y vergonzosa (...) la resistencia (mostró) el temple y el heroísmo de los oficiales de Bolívar en forma jamás vista en este país". Desde entonces, el 'M' ha dedicado su esfuerzo a construir un monumento moral a sus "héroes" caídos en esa batalla y, sobre todo, a vengarlos.
Los demócratas somos respetuosos de las decisiones judiciales. Pero, ¿qué decir cuando el poder judicial obra como instrumento de una política? ¿Qué hacer cuando el juez es instrumento de una venganza? Los Estados Unidos vivieron esa experiencia, que se conoce como el caso Scott (1857). Taney, presidente de la CSJ, en clara contradicción con la filosofía de los Padres Fundadores, pretendió que los negros nunca podrían ser ciudadanos de los Estados Unidos, porque ellos eran equivalentes a una cosa, un objeto cuya propiedad era inalienable. El Partido Republicano y su líder, Abraham Lincoln, convirtieron la rebeldía contra semejante sentencia en su principal punto programático. Fueron necesarios el triunfo de Lincoln y una sangrienta guerra civil para derogar tamaño engendro jurisprudencial.
¿Qué hacer contra el triunfante designio vengativo del M-19, materializado en la sentencia contra el Ejército de Colombia -encarnado en el coronel Plazas- y, de contera, contra el gobierno de Belisario? Tanta sed de vindicta solo tiene parangón en el protagonista del cuento de Alan Poe El barril de amontillado. Cualquier rencoroso es un mero aprendiz al lado de ellos. ¡Lograron urdir con éxito una nueva versión de la Operación 'Antonio Nariño por los Derechos del Hombre' después de que la de 1985 les fracasó! Increíble. Ellos, en su manifiesto, habían anunciado que continuarían la toma, "pero no como demanda sino como sentencia por la decisión política y militar del Gobierno, que arrasó a quienes estaban ahí (...)". ¡Y vaya si lo están cumpliendo!
La condena contra Plazas es un primer paso en el sendero del "desagravio" al que creen tener derecho. El magistrado (militante del Polo, es decir, conmilitón del M-19) ideó una forma de arruinar la moral del Ejército, que es su verdadero objetivo de enjuiciamiento. ¿Pueden creer que pretende obligar al Ejército a (celebrar) "acto público en la Plaza de Bolívar pidiendo perdón a la comunidad por los delitos ejecutados en noviembre de 1985"?
El problema del M-19 es que la sociedad los perdonó pero ellos nunca se arrepintieron. Pues, ¡a ponerlos en cintura! Que reviva el fantasma del holocausto, pero para ellos, que lo ocasionaron. Por eso varios juristas preparan demanda contra la Ley 77 de 1989, la que les concedió amnistía e indulto.
EL ESPECTADOR
POR CASO DEL PALACIO DE JUSTICIA, CORONEL (R) PLAZAS VEGA DESCARTA PEDIR PERDÓN
El oficial en retiro, condenado por los desaparecidos de la toma del Palacio de Justicia, dijo que en 1985 hubo un "asalto".
En entrevista con CM&, el coronel en retiro del Ejército, aseguró que no está de acuerdo con la orden del Tribunal Supremo de Bogotá por los desaparecidos del Palacio de Justicia.
Plazas Vega: "Militares no deben pedir perdón"
El coronel retirado Alfonso Plazas Vega, condenado por los desaparecidos de la toma del Palacio de Justicia, dijo que las Fuerzas Militares no deben pedir perdón por los hechos que rodearon la operación militar para recuperar la sede de la justicia colombiana.
En entrevista con CM&, el coronel en retiro desestimó la orden del Tribunal Superior de Bogotá en la sentencia que confirma una condena de 30 años de prisión contra el alto oficial. Plazas Vega también calificó como irrespetuosa la orden del Tribunal a la Corte Penal Internacional para que investigue al expresidente Belisario Betancur.
Cabe recordar que el Tribunal, al confirmar la condena contra el coronel retirado, le ordenó al Ejército pedir perdón por dos de los once desaparecidos del Palacio: la desaparición del administrador de la cafetería del Palacio de Justicia Carlos Augusto Rodríguez y la guerrillera Irma Franco. En las consideraciones de la decisión se manifiesta que ninguna unidad militar del país podrá tener el nombre del coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Además se ordenó que la sentencia sea cumplida en un centro carcelario que "no ofenda el dolor de las víctimas”, ni la igualdad de los reclusos.
Se exhortó también a que se establezca la responsabilidad penal del expresidente de la República Belisario Betancur por su responsabilidad en los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985. En el caso del expresidente Belisario Betancur se le solicitó al Fiscal Principal de la Corte Penal Internacional "para que considere presentar el caso ante dicho organismos e impida la consolidación de la impunidad que brinda el fuero que lo protege".
Según el Tribunal, esta decisión se sustenta en el hecho de que Betancur nunca ha sido investigado penalmente por estos hechos, "dadas las razones políticas y de conveniencia que valora el Congreso de la República", su juez natural.
El caso suscitó una enorme polémica que también generó la reacción del presidente Juan Manuel Santos. El mandatario les pidió perdón a Belisario Betancur y a los integrantes de las Fuerzas Militares por el anuncio del Tribunal Superior de Bogotá. “Y yo por eso más bien le pido perdón al presidente Betancur a nombre de los colombianos, que lo hayan puesto en esa situación nuevamente”, agregó el Jefe de Estado en Cali, durante el lanzamiento de la Política de Gratuidad Educativa en los centros educativos oficiales.
“No podemos permanecer silenciosos frente a un fallo que pide que al Presidente Betancur, que ya va a cumplir 90 años de servirle al país, 90 años de defender la cultura, 90 años de promover las letras, 90 años de una vida de servicio público, que a estas alturas pidan que una Corte Internacional lo juzgue por el Palacio de Justicia. Eso no tiene ningún sentido jurídico y de ninguna naturaleza”, expresó Santos.
EDGAR SANABRIA MELO, NUEVO MAGISTRADO DE LA JUDICATURA
Reemplazará en su cargo en la Sala Administrativa al magistrado José Alfredo Escobar.
La Sala Plena del Consejo Superior de la Judicatura de este martes eligió como nuevo magistrado de la Sala Administrativa de la Corporación al abogado Carlos Sanabria Melo.
El nuevo togado reemplazará en su cargo al magistrado José Alfredo Escobar Araújo quien se retiró de esa Corporación al cumplir su período.
Sanabria Melo, es abogado de la Universidad La Gran Colombia, especialista en Derecho Laboral de la Universidad Nacional de Colombia y en Derecho Privado de la Universidad Externado de Colombia.
En el área laboral se venía desempeñando como Procurador Delegado para Asuntos Civiles en la Procuraduría General de la Nación, cargo que ocupaba desde el año 2009.
También fue asesor y consultor independiente, Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, Magistrado Auxiliar de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, Juez Noveno Civil del Circuito de Bogotá, Juez Civil del Circuito de Ubaté y Juez Tercero Civil Municipal del Juzgado Tercero Civil de Bogotá.
Ha sido docente en las Universidades la Gran Colombia, Autónoma, Santo Tomás, del Rosario, de los Andes y Externado, donde ha dictado en pregrado y posgrado las cátedras de Derecho Procesal, Derecho Probatorio, Derecho Civil, Derecho Comercial y Derecho Constitucional, entre otras.
POR SUS "ACTITUDES", POLO NO RESPALDA REELECCIÓN DEL PROCURADOR ORDÓÑEZ
La colectividad recordó la manera en que el jefe del Ministerio Público ha reaccionado ante los temas más polémicos.
Alejandro Ordóñez está amañado en su cargo. Este año, el Congreso de la República elegirá procurador general de la Nación y el jefe del Ministerio Público ya expresó su interés de que los parlamentarios lo reelijan, tal como lo hicieron con su antecesor, Edgardo Maya Villazón.
En diálogo con la FM, de RCN Radio, Ordóñez mencionó: “Con toda tranquilidad y sin excitación, quiero la reelección. Voy a realizar todos los actos necesarios para obtenerla, pero no depende de mí”. Además, agregó que ya se comunicó con el presidente Juan Manuel Santos y varios congresistas para mencionarles su intención reeleccionista.
Frente a tal aspiración, el Polo Democrático anunció que no respalda la reelección del procurador Alejandro Ordóñez. El Comité Ejecutivo Nacional sostuvo: “Nosotros no podemos compartir las actitudes que ha tenido el procurador Ordóñez frente a temas como los derechos de la mujer, la orientación sexual y la religión”, señaló la presidenta del Polo Democrático, Clara López Obregón.
Asumiendo la vocería del Comité Ejecutivo Nacional de la colectividad de izquierda, López Obregón indicó que estos son temas muy sensibles que van en contra del Ideario de Unidad del Polo Democrático. “Actuaremos en consecuencia al no respaldar su intención de reelegirse”, puntualizó.
RAS CON RAS CON URIBE
Por: Cecilia Orozco Tascón
No del anterior pero sí del actual presidente, se suponía que como jefe supremo de las Fuerzas Militares les daría a éstas ejemplo de respeto por la vida y enviaría señales de repudio de la barbarie.
Sucedió lo contrario con ocasión de la sentencia de condena, en segunda instancia, del coronel Alfonso Plazas Vega por lo que ocurrió durante la operación de retoma del Palacio de Justicia en 1985, en la que él participó y en medio de la cual salieron vivas personas de la edificación y después de ser trasladadas a instalaciones castrenses, desaparecieron. Santos, secundado por la ultraderecha que cada vez lo cerca más, desafió el fallo sin haber siquiera hojeado sus más de 900 páginas. El tenebroso mensaje recibido por las tropas de su líder fue el de “no importa lo que ustedes hagan, siempre las respaldaremos”. Tanto más grave por cuanto en esta materia, Colombia no ha recorrido un milímetro a pesar de que han transcurrido 26 años de unos hechos cuyo examen judicial ya debería haber concluido para bien del país, de las víctimas del M-19, de las de la retoma militar e incluso, de los victimarios de ambos lados que, cumplidas sus penas, habrían merecido ahí sí el perdón.
Las manifestaciones de rechazo a los jueces del Tribunal Superior son idénticas a las que se produjeron hace 21 años cuando la Procuraduría, dirigida por Alfonso Gómez Méndez, sancionó con destitución al general Jesús Armando Arias Cabrales —superior de Plazas Vega— “por no haber tomado medidas (para) proteger la vida de los rehenes (y por haber) supeditado su seguridad física (a) la del sometimiento del grupo guerrillero”. De inmediato el Senado le organizó un debate en que lo tacharon de “enemigo de las Fuerzas Armadas”. El oscuro congresista de la época Pablo Victoria, íntimo amigo del reeleccionista procurador Ordóñez y cuya esposa trabaja con éste, propuso condecorar al general “ofendido”. Otros senadores, entre ellos Enrique Gómez y Álvaro Uribe, solicitaron “restituirle (a Arias) el honor militar”. El presidente César Gaviria y su ministro de Defensa cumplieron la orden de destitución, pero advirtieron la “inconformidad y desconcierto del Ejecutivo ante esa decisión”. Altos oficiales en retiro calificaron la medida como “política”. El Tiempo editorializó asegurando que Gómez Méndez “no estuvo bien” porque se había “parcializado”.
Entonces como hoy, nadie se tomó el trabajo de revisar los documentos judiciales para conocer las pruebas que soportan los fallos. Se generan respaldos incondicionales tanto para los militares rectos —que se los merecen— como para los que cometen crímenes. El general Arias Cabrales fue condenado por el delito de desaparición forzada de personas por un juez distinto al de Plazas, en abril de 2011. Tardío reconocimiento a la actuación jurídica de Gómez Méndez, en la que nadie reparó. Por lo menos en materia de aplicación del Derecho Humanitario, el ascenso de Juan Manuel Santos a la Presidencia no ha significado ningún avance. Continuamos estacionados en la defensa de las peores prácticas oficiales del siglo pasado. La retoma del Palacio de Justicia no es un orgullo para el Ejército de Colombia. No continuemos con esa mentira. Según las crónicas de los 90, ese operativo fue tomado por la escuela militar de Londres como ejemplo de lo que NO se debe hacer, por sus desastrosos resultados en pérdida de vidas y bienes físicos; y porque empleó a 2.600 hombres para someter a 36. Se entiende que el presidente se sienta débil ante sus Fuerzas Armadas por el terror informático que el uribismo le está generando. Pero más le habría convenido callarse. En los escenarios de Derecho Internacional Humanitario, Santos perdió lo que había ganado frente a Álvaro Uribe. Ras con ras, quedó igual a él.
EL NUEVO SIGLO
SANCIÓN CONTRA DEFENSOR DEL ICBF
La Procuraduría General de la Nación confirmó la suspensión por dos meses e inhabilidad especial por 30 días hábiles al señor José Primitivo Gómez Toba, en su calidad de defensor de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Boyacá, quien violó el debido proceso al conceder la custodia de un menor de edad omitiendo los requisitos que estas actuaciones conllevan.
Al resolver el recurso de apelación, el Ministerio Público señaló que el señor Gómez Toba, en el marco de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, no aplicó el procedimiento legal establecido en el Código de la Infancia y la Adolescencia y concedió a la abuela paterna de un adolescente de 13 años su cuidado personal.
Se estableció que el 13 de julio de 2009 el señor Gómez Toba dispuso la entrega del cuidado personal del adolescente a su abuela paterna y “dio inicio al proceso administrativo de protección sin que se comunicara o notificara formalmente ninguna de esas decisiones a la madre del niño, actos procesales que sólo vinieron a surtirse en la segunda quincena del mes de agosto de 2009, ante las solicitudes y la acción de tutela interpuesta por la afectada”.
Con su conducta el entonces servidor público incurrió en una violación al debido proceso de la madre del menor quien tenía la custodia y su cuidado personal.
La Procuraduría advirtió que el Código de la Infancia y la Adolescencia le asigna a los defensores de familia la competencia para adelantar procesos administrativos para la protección de los derechos de los menores de edad y explicita los trámites que estos funcionarios deben surtir en desarrollo de estos procesos, sin embargo, éstos no fueron seguidos.
La Procuraduría General de la Nación advirtió que contra esta decisión de segunda instancia Contra esta decisión no procede recurso alguno.
PROPONEN JUSTICIA TRANSICIONAL PARA HECHOS DEL PALACIO DE JUSTICIA
Controversiales han resultado las afirmaciones del procurador Alejandro Ordóñez de que “sí debe haber una iniciativa de perdón para los militares del Palacio de Justicia” y que “nadie se puede escandalizar” por ello.
El senador Roy Barreras, creador y ponente del Marco Legal para la Paz, se pronunció al respecto. “Será el marco de justicia transicional el que encuentre esa solución, no hay ninguna viabilidad para leyes de punto final, ni de perdón y olvido, ni de indulto, ni de amnistía. Los estándares internacionales y la jurisprudencia nacional impiden ese tipo de leyes de perdón”, explicó.
La semana pasada, el ex presidente Álvaro Uribe habló para una cadena de televisión sobre la ratificación de la condena del coronel Alfonso Plazas y propuso una reforma constitucional que permitiera su excarcelación; sin embargo, Barreras rechazó esta propuesta y sugirió que una nueva reforma constitucional necesitaría más de un año para su trámite completo, mientras que el Marco Legal para la Paz ya entra a quinto debate.
Por su parte, el jurista Hugo Quintero también coincide en el uso de la justicia transicional. “Si se refiere al caso del Palacio de Justicia, eventualmente cabría un tema de justicia transicional que hiciera posible solucionar el tema de manera definitiva a los miembros de las Fuerzas Armadas que están comprometidos dentro de estos hechos; pero cada caso es diferente, porque hay algunos que no tienen cabida dentro de la justicia transicional”, expresó.
Fuerzas Militares
El senador Barreras dijo que el Jefe de Estado tendrá la facultad para aplicar de manera diferenciada esta justicia, es decir delimitar el tratamiento que se le daría a la justicia con integrantes de un grupo guerrillero ilegal o con miembros de una fuerza legítima del Estado.
Además, sugirió que en unos años y en un escenario de postconflicto, “el Jefe de Estado podría aplicar justicia transicional a los militares que hubieran cometido abusos en el marco del conflicto (…) Este marco le va a permitir al Presidente en el futuro aplicar una solución para cada uno de los actores del conflicto, para todos una misma solución, pero no la misma solución para todos”.
¿Qué es justicia transicional?
La justicia transicional funciona sobre una base en la que el Estado les reconoce a las personas una solución de su problema jurídico, es decir no implica condenar a una persona o meterla a la cárcel, sino que busca que se garanticen los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. La transición es una forma de justicia que permite, como bien lo dice, evolucionar de un hecho que es irregular y de un contenido político muy grande e importante dentro de la vida de un país hasta llegar a otro nivel de progreso sin hacer que un asunto judicial termine siendo traumático para toda la sociedad de ese país.
En el caso particular del Palacio de Justicia, ya se sabe que hay personas desaparecidas, lo que buscará la justicia transicional ahora será conocer que fue lo que realmente pasó después de la toma, por ahora las personas que fueron responsables de los operativos de hace 26 años como el coronel Plazas Vega o como el general Jesús Armando Díaz ahora son condenados por los resultados de esos operativos, lo que ha generado rechazo en varios sectores de la sociedad y sobre todo en las Fuerzas Militares al ser parte que hacen de la democracia colombiana.
“Al país le sale mejor conocer la verdad que condenar personas a 20, 30 o 40 años, ya que lo que se busca es resolver un problema y hacer primar un bien mayor, que es el bien de la nación y la estabilidad del país”, concluyó el abogado Quintero.